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Boletín de noticias 16 de febrero de 2012
PORTAFOLIO
NO HAY RESPONSABLES POR INTENTO DE FRAUDE DE $11 BILLONES
El ministro Juan Carlos Echeverry dijo que en el 2010 un funcionario de la imprenta habría recibido dinero para no publicar la reforma cuando se debía.
No obstante la magnitud de los hechos dolosos denunciados por el ministro en relación con la tardía publicación de la reforma tributaria en el Diario Oficial, a finales de 2010, que le podría costar al Estado casi 11 billones de pesos, no hay responsables ni penal ni disciplinariamente.
El Tiempo Casa Editorial pudo establecer que realizado una rigurosa investigación disciplinaria, no se hallaron culpables del ilícito denunciado por el ministro Echeverry.
El funcionario aseguró que "se pagó" dinero a alguien de la Imprenta Nacional, para asegurar que la ley fuera publicada de manera extemporánea y sobre ese hecho plantear las demandas que se han instaurado ante los tribunales, como en efecto se ha hecho.
Hasta ahora no ha habido una sola sanción, ni un solo responsable, porque al parecer los procesos técnicos de la publicación se cumplieron dentro de lo usual, o de lo normal.
Aunque, como explicó el ministro Echeverry, la Corte Constitucional se declaró inhibida para sentenciar sobre la inconstitucionalidad de la ley, hecho que deja la norma en firme salvando de paso 4 billones de pesos, hay una nueva demanda que podría significarle al erario 7 billones de pesos.
Este miércoles, Echeverry hizo un fuerte llamado a los empresarios al recordar el suceso de la reforma tributaria hace dos años. "Hubo una falla técnica con la reforma porque no entró a la imprenta cuando debía. Por esa razón, en este momento están en riesgo los recursos para financiar los programas sociales del Gobierno", afirmó.
Así mismo dijo que hay que jugarle limpio al país. "Alguien le pagó a un funcionario de la imprenta para que no imprimiera la ley", agregó Echeverry.
'REFORMA TRIBUTARIA REQUIERE MODIFICACIONES'
De la misma forma, afirmó que la actual reforma tributaria tiene unos 900 artículos. "Es una reforma sencilla, un poco larga, y que requiere algunas modificaciones. Aunque no vamos por más recaudo, tampoco será para reducirlo", sostuvo el Ministro.
El Gobierno tiene la meta de bajar el desempleo a un dígito a partir de julio, algo que el año anterior solo se logró en septiembre. Las declaraciones las hizo en el seminario
CORTE CONSTITUCIONAL SALVÓ REFORMA TRIBUTARIA
El alto tribunal consideró que la publicación extemporánea en el Diario Oficial de la ley que aprobó la Reforma Tributaria no constituye una ilegalidad en el trámite.
Por tal razón la reforma (Ley 1430 del 2010) se mantiene, gracias a seis votos a favor y tres en contra que confirman que sí es constitucional, pues la mayoría de magistrados consideró que no se podía echar por tierra un proyecto de ley que surtió correctamente todos los trámites en el Congreso.
La demanda pretendía tumbar la reforma por vicios de forma y tenía en riesgo 7 billones de pesos que fueron recaudados el año pasado.
El argumento de los demandantes es que la reforma regía para el año posterior a la publicación en el Diario Oficial, y este trámite inexplicablemente se surtió solo el 4 de enero del 2011, cuando a más tardar debió hacerse el 31 de diciembre del 2010.
Bajo ese argumento, 6,8 billones recaudados el año pasado estaban en entredicho.
La mayoría de los magistrados consideró que el error -que el Gobierno considera originado en intereses ilícitos- no podía echar por tierra un proyecto de ley que surtió correctamente todos los trámites en el Congreso.
Señalaron que la fecha que rige sobre la vigencia de la reforma es la de promulgación -29 de diciembre del 2010- y no la de la publicación final en el Diario Oficial.
En su momento, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, denunció que "se pagó" dinero a alguien de la Imprenta Nacional para asegurar que la ley fuera publicada de manera extemporánea y sobre ese hecho plantear las demandas que han llegado a los tribunales.
Inicialmente, la Corte Constitucional se había declarado inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, hecho que dejó la norma en firme y salvó 4 billones de pesos ya recaudados. La demanda fallada este miércoles fue posterior a esa decisión.
"Hubo una falla técnica con la reforma porque no entró a la imprenta cuando debía. Por esa razón, en este momento están en riesgo los recursos para financiar los programas sociales del Gobierno", advirtió el ministro Echeverry en una columna publicada por EL TIEMPO.
Así mismo, dijo que hay que jugarle limpio al país: "Alguien le pagó a un funcionario de la imprenta para que no imprimiera la ley".
‘NO ES HORA DE AHORRAR, HAY QUE INVERTIR’: ANIF
Aunque para el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, el 2012 arrancó bien y "el buen año se ve desde la mañana", entre los panelistas que participaron en el seminario 'Perspectivas económicas 2012', organizado por Anif y Fedesarrollo, no reina el mismo optimismo.
Si bien los especialistas aseguran que el país va en la dirección correcta, advierten que Colombia sigue sumida en el atraso, lo que la deja mal parada ante la proximidad del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
"Si no nos movemos en la dirección de gerenciar la reglamentación del Tratado, tampoco nos vamos a beneficiar", indicó Sergio Clavijo, director de Anif.
El economista criticó el hecho de que el Gobierno haya ahorrado el sobrerrecaudo del 1 por ciento del Producto Interno Bruto del país, logrado en el 2011. "No es el momento de ahorrar, es el momento de invertir. Es el momento del gasto inteligente, del gasto gerencial desde el sector público. Lo que veo en avance de infraestructura y en gerencia del Estado es insuficiente", indicó Clavijo.
La oportunidad del TLC con un país que tiene 300 millones de consumidores la planteó Timothy Stater, consejero económico de la embajada de Estados Unidos. "Importamos 42.000 millones de dólares en autopartes, Colombia exportó 5 millones de dólares; importamos 8.000 millones de dólares en cosméticos, es uno de los sectores nuevos en los que este país podría ser ganador con el TLC; en cacao compramos 4.000 millones de dólares, Colombia exportó 12 millones de dólares a Estados Unidos. Es la oportunidad para Colombia de aprovechar nuevos nichos".
Ante ese panorama, Javier Díaz, presidente de Analdex, destacó que el país está ante un gran desafío en materia de infraestructura y competitividad. "Estamos sobrediagnosticados en lo que hay que hacer; lo que se requiere es empezar a hacerlo. Hace nueve años estamos en la discusión de qué tipo de tecnología debemos adquirir para ejercer el control de las mercancías que ingresan. Ahora, el TLC nos está presionando a poner en marcha este país para que sea eficiente".
En el mismo sentido, Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, puso de presente la desconexión total de la infraestructura del país, lo que conduce a que se prolongue más el tiempo de llegada de las mercancías. Propuso aprovechar la oportunidad del incremento de las regalías para invertir en infraestructura.
Todos los panelistas le apuntaron a un crecimiento económico por encima del 5 por ciento para el total del 2011 y pronostican una ligera reducción en el 2012.
No obstante la continuación del buen momento económico para Colombia, Sergio Clavijo llamó la atención sobre el problema de la formalización, cuyo avance pone en duda. "Se habla de 160.000 empresas formalizadas. Yo hablo con los empresarios y dicen, 'es que había que crear una nueva para aprovechar los beneficios que está dando el Gobierno'. Cuando se analiza en profundidad la situación no quedo muy contento, porque la cotización en salud y pensiones es apenas del 33 por ciento, esa es la misma cifra de 1994. ¿En dónde están las ganancias en formalización?, no las veo. Tener un 70 por ciento de la población cotizando es formalización, el tema de las empresas no me convence", advirtió.
EL TIEMPO
GOBIERNO ANUNCIA REFORMA AL CÓDIGO DE POLICÍA
La iniciativa se presentará a discusión del Congreso en marzo y en contaría con 260 artículos.
Con el fin de actualizar las normas que componen el Código de Policía, el Gobierno ya tiene listo el borrador de un proyecto de ley encaminado en ese sentido y que será puesto a discusión del Congreso a mediados de marzo, cuando se reanude la legislatura.
Francisco Lloreda, alto Consejero para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, afirmó que "contamos con un Código de Policía de la década del 70, escueto y con unas medidas correctivas irrisorias".
Por esta razón, explicó Lloreda, se encuentran trabajando en lo que será la reforma de ese Código. En principio, el borrador de la iniciativa cuenta con cerca de 260 artículos y solo faltan algunos detalles finales para ponerlo a discusión del Congreso.
Lloreda agregó que, entre otros temas, se busca "revisar cuáles son aquellas conductas ciudadanas que ameritan medidas correctivas, cuáles son las obligaciones y deberes que nosotros como ciudadanos debemos tener en el comportamiento diario, y revisar los instrumentos que requieren las distintas autoridades de policía".
Una reforma al Código de Policía se presentó a discusión del Congreso por parte del exministro de Defensa Rodrigo Rivera, pero, finalmente, esa iniciativa se hundió por trámite en el Legislativo.
CHOQUE DE TRENES POR INVESTIGACIÓN DE 'CARRUSEL DE NOMBRAMIENTOS'
Funcionarios de la Judicatura que iniciaron las investigaciones podrían terminar en prisión.
El juicio fiscal iniciado por la Contraloría por el 'carrusel' de nombramientos en la Judicatura tiene, paradójicamente, en riesgo de un carcelazo a los funcionarios de ese organismo de control que iniciaron las investigaciones contra varios magistrados y ex magistrados que habrían facilitado que personas que no tenían derecho reciban pensiones millonarias.
La Judicatura quiere que la investigación, que no tiene carácter penal ni disciplinario, la lleve la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, organismo fuertemente cuestionado por su falta de resultados en esa materia.
La Contraloría sostiene que, por tratarse de un tema fiscal, que no está reglado en la Constitución, sí tiene facultad para investigar a magistrados que tomaron decisiones que pudieron haber afectado la plata de la Nación.
EL TIEMPO conoció dos oficios en los que el abogado Pedro Nel de Escorcia Castillo --uno de los siete conjueces nombrados por la misma Judicatura para dirimir el conflicto de competencias sobre si es la Contraloría o la Comisión de Acusaciones el encargado de investigar fiscalmente a los magistrados--, le da 24 horas a la contralora Sandra Morelli para que entregue "todos y cada uno de los procesos fiscales que se adelantan contra magistrados del Consejo Superior de la Judicatura", so pena de "generar un desacato a resolución judicial con las consecuencias de ley".
La Contraloría, a través del delegado para el sector Justicia, Javier Lastra, se ha negado el mismo número de veces a la petición. Su argumento es que ese tribunal, al pretender dirimir un conflicto de competencias que afecta directamente a sus magistrados titulares, es "juez y parte dentro del proceso".
"No sobra expresar la extrañeza respecto de la solicitud, porque además de reñir con la calidad de parte dentro de los procesos fiscales, se extiende a pedir las pruebas relacionadas con la investigación sobre la responsabilidad de los presuntos implicados, documentación que no resulta procedente para dirimir una colisión de competencias", dice la respuesta de Lastra, fechada el 14 de febrero.
La Contraloría le pidió al Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, que eleve una consulta ante el Consejo de Estado, para que esa alta corte conceptúe si para resolver un conflicto de competencias se requiere de los expedientes completos del caso y si este tribunal está facultado para resolver la competencia sobre quién los investiga en casos fiscales.
En una revisión de varios nombramientos entre el 2007 y el 2011, la Contraloría encontró casos de personas que se pensionaron con mesada de magistrado (hasta 13 millones de pesos) gracias a 'palomazos' en la Judicatura de semanas o meses. Esto, gracias a una norma que permite que los empleados de la Rama Judicial se pensionen con el mejor sueldo del último año laborado.
Otro caso que investiga es el de la magistrada Julia Emma Garzón y el ex magistrado José Alfredo Escobar. La primera nombró como magistrada auxiliar a una hermana de Escobar, y este nombró en su despacho a una sobrina de Garzón.
EDITORIAL: MACABRO RECORDATORIO
Son lecciones que debemos abordar de inmediato.
Un verdadero infierno. Así describen algunos sobrevivientes lo vivido en el incendio de la cárcel hondureña de Comayagua. Con más de 350 reos muertos, la tragedia centroamericana se convierte en la peor sucedida en prisiones latinoamericanas en el último cuarto de siglo.
Si bien no hay claridad aún acerca de los orígenes de la conflagración -circulan versiones sobre un motín o un cortocircuito-, no existe duda alguna sobre el elevado índice de hacinamiento que se vivía en ese penal. En una instalación con capacidad para 250 internos, las autoridades penitenciarias hondureñas habían encerrado a unas 850 personas.
Los centenares de víctimas calcinadas remiten no solo a un escenario dantesco, sino a una inevitable pregunta: ¿podría suceder un siniestro similar en nuestro país? A fin de cuentas, al igual que Honduras, Venezuela y otros países de la región, Colombia sufre una permanente crisis carcelaria, que incluye tanto preocupantes tasas de hacinamiento, como un continuo flujo de detenidos por narcotráfico y otros delitos.
El debate sobre dicha situación no es nuevo en América Latina. En la mayoría de los países, la población tras las rejas ha aumentado en alta proporción en los últimos 20 años. Con preocupante frecuencia, motines, huelgas y tragedias como la de Comayagua llaman la atención sobre las difíciles condiciones de habitabilidad y de derechos humanos que miles de presos sufren en las penitenciarías latinoamericanas.
Un caso cercano ocurrió en junio pasado con el motín violento en la prisión venezolana de El Rodeo. Aunque situaciones como las arriba mencionadas no se han presentado en Colombia, el estado de los establecimientos de reclusión bajo el Inpec dista de ser el mejor.
En cualquier momento en este año, el sistema penitenciario nacional cruzará la frontera de los 100.000 internos en sus 142 centros. A pesar de la construcción de varias cárceles en los últimos años y del aumento consecuente del número de cupos, el ritmo de crecimiento neto mensual ronda los 1.000 reclusos. En otras palabras, más se demora el Estado en construir prisiones que el ejercicio de la política penal en llenarlas de reos.
Ese desequilibrio conduce a niveles de hacinamiento que a principios del 2011 llegaban al 25 por ciento y que atentan contra los derechos humanos y la dignidad de los detenidos. A lo anterior se añaden generalizados esquemas de corrupción dentro de los centros penitenciarios, que trafican con los más básicos servicios y negocian privilegios ilícitos como celulares y lujos para reos con poder y dinero. El año pasado, varias de estas redes fueron descubiertas y denunciadas por medios de comunicación y en debates en el Congreso de la República.
No obstante, el Gobierno desechó la opción de eliminar el Inpec y tomó el camino de la reestructuración y la creación de una unidad en el Ministerio de Justicia para supervisar, en especial, la construcción de nuevas prisiones y la prestación de servicios carcelarios. De hecho, en los planes gubernamentales de los próximos 4 años están 6 centros de reclusión con capacidad para 25.000 internos.
Otro frente de acción en este campo se relaciona con el diseño de una efectiva política penal. Se encuentra en trámite un nuevo código penitenciario, cuyo borrador podría enriquecerse con iniciativas para fortalecer la resocialización o para reforzar la vigilancia de las concesiones al sector privado.
El infierno de Comayagua es un macabro recordatorio de los riesgos de un sistema carcelario con hacinamiento crónico. Son lecciones que debemos abordar de inmediato.
EL ESPECTADOR
MINHACIENDA CUESTIONA A EMPRESARIOS POR DEMANDA DE REFORMA TRIBUTARIA
Un fuerte cuestionamiento hizo el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry a los empresarios que están detrás de la demanda que busca tumbar la primera reforma tributaria del Gobierno del Presidente Santos.
De una manera sospechosa alguien le pagó a alguien para que el texto de la reforma no fuera publicado a tiempo. El hueco que se le formaría en las cuentas al Gobierno es 7 billones de pesos anuales.
El texto de la reforma tendría que ser publicada en diciembre de 2010 y solo aparece hasta los primeros días de 2011.
En forma airada el jefe de la cartera de Hacienda dijo a los banqueros y empresarios reunidos en el foro de Anif Fedesarrollo que "hay que jugar limpio".
Dijo que así "no podemos jugar el partido si nos estamos haciendo zancadillas los empresarios con el Gobierno, con los lobistas, todos contra todos en un mundo tan competido, es muy complicado".
Reiteró que "a mí me hierve la sangre pensar que llegamos a este gobierno hacemos el esfuerzo, pasamos la reforma, hemos pasado 10 reformas, pasamos las regalías, vamos a ver que patrañas se les ocurre con las regalías (.....) No se me cayó ninguna".
Les dijo a los empresarios que "no solo de codicia vive el hombre", indicó que si "esa reforma se llegara a caer tenemos que sentarnos los empresarios y el Gobierno a decir cómo vamos a jugar".
Investigación
En un tono más calmado, el ministro de Hacienda, consideró que los beneficiados con una potencial caída de la reforma tributaria, son todas las empresas. “La cuantificación de eventual daño depende de cómo salga el eventual fallo: puede ser un costo cero, puede ser de cuatro billones (de pesos) puede ser un costo de siete billones (de pesos). Es un rango amplísimo de costo fiscal lo cual obliga a esperar, a mirar cifras definitivas. Ante un monto grande hay una estrategia y ante uno pequeño hay otra diferente”, dijo.
Indicó que “ayer (martes) enviamos a la Fiscalía General y a la Procuraduría la solicitud de que se investigue (a) los funcionarios que actuaron directamente en esto. Hubo una investigación disciplinaria sobre un funcionario que no estuvo involucrado. Todo esto genera suspicacia, porqué investigan al que no tiene nada que ver y no investigan al que sí tiene que ver”.
El ministro de Hacienda indicó que ha pedido una investigación sobre los que pasó “en esas fechas, entre el 29 de diciembre de 2010 y el cuatro de enero de 2011. Que se investigue por parte de la Fiscalía y por parte de la Procuraduría”.
Foro económico
Reiteró el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry que “alguien le pagó a alguien para que un funcionario no pusiera a trabajar la imprenta y no la subiera a internet”.
“Resulta que de una forma sospechosísima alguien que está en esta mesa, o en este salón, o en el salón de la Andi (Asociación de Empresarios de Colombia) o en el salón de algo, alguien le pagó a alguien para que un funcionario no pusiera a trabajar la imprenta y no la subiera a internet. Alguno de nosotros le pagó a alguien para que le metiera un gol a nueve millones de votos, a todo el programa de gobierno, y que todos los demás pagáramos para que esta persona o grupo de personas, que pueden ser cuatro o cinco que no quieren pagar impuestos, no pagaron, pueden ser tres, (o) pueden ser cinco billones de pesos”, dijo el funcionario.
Echeverry reiteró en el auditorio de empresarios que “no solo de codicia vive el hombre”. Destacó que en el momento que un gobierno nuevo (el de Santos) le pide que sea solidario “que pague impuestos para, lo que ya les dije va desde la seguridad hasta la salud, hasta la educación hasta las víctimas de la violencia, las víctimas del inverno, y los más pudientes quienes financian buena parte de los recursos del Estado, dicen no. Yo con un abogado le pago a fulanito para que no ponga a funcionar una imprenta y no publique la reforma (tributaria) en un computador, el 29 o 30 o 31 (de diciembre), sino el cuatro de enero, y me la publicaron en internet el tres de enero. Yo con eso me ahorro 7 billones de pesos”.
Aclaró que esa no es la plata grande, esa es la que “van a dejar de pagar de impuestos este año, si la Corte (Constitucional) me saca un fallo negativo y eso son billones de pesos”.
ABORTO EN COLOMBIA
Conservadores desisten de intención de abolir el aborto bajo condiciones
La corporación, en desacuerdo con las prácticas legales, anunció que hay otras prioridades en el Congreso.
El Partido Conservador desistió de momento de la lucha por abolir con toda práctica del aborto en Colombia. La pretensión de acabar con el aborto cuando está en riesgo la vida y salud de las mujeres, cuando existe malformación fetal incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo ha sido producto de violación, quedó aplazada de momento.
El presidente del Partido, senador Efraín Cepeda Sarabria, dijo que en este periodo van a ser privilegiados todos los proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de la vida de los colombianos y en contra de la corrupción.
El mismo Cepeda admitió que no tienen mecanismos para llegar a acabar con el aborto pues ya había sido negado el proyecto cuando fue discutido por el Senado de la República.
“Se hizo un esfuerzo de llevarlo al Congreso de la República y éste lo rechazó; aunque defendemos el derecho a la vida no hay cómo acabarlo”, señaló.
Este miércoles se conoció que el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de darle cumplimiento a la solicitud que había hecho el Partido Conservador para que por medio de una consulta popular se le preguntara a los colombianos si están o no de acuerdo con la penalización del aborto.
"Esta Corporación a través de su sala plena, efectuó de inmediato el análisis de la solicitud presentada, sin embargo, teniendo en cuenta la fecha de su radicación como la proximidad del debate electoral junto con el cual se pretendía realizar la consulta, se evidenció la imposibilidad de llevarla a cabo considerando el tiempo requerido para la preparación e implementación de la infraestructura necesaria", señala la resolución revelada por RCN radio.
Sin embargo, se aclara que en cualquier momento, el Partido puede volver a presentar esta propuesta de Consulta Popular ante el organismo para que vuelva a ser analizada.
GOBIERNO ALISTA 'REVOLCÓN' AL CÓDIGO DE POLICÍA
Presentarán al Congreso en marzo un proyecto con 160 artículos.
El Gobierno Nacional alista un completo ‘revolcón’ al Código Nacional de Policía. Los ministerios de Defensa, del Interior, de Agricultura, Medioambiente y la Policía Nacional están trabajando en la iniciativa.
La idea es definir cuáles son las facultades de la Policía y hasta que punto puede llegar en las medidas sancionatorias.
El Alto Consejero Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda, dijo que desde mediados de 2011 “hemos venido trabajando en una nueva propuesta de Código de Policía y Convivencia que esperamos presentar al Congreso a mediados de marzo”.
El alto funcionario señaló que el actual Código viene de la década del 70. “Este Código es escueto y con unas medidas correctivas irrisorias, entonces nos hemos dado a la tarea lo primero de revisar cuáles son aquellas conductas ciudadanas que ameritan medidas correctivas”, explicó.
“Debemos establecer cuáles son las obligaciones y deberes que nosotros como ciudadanos tenemos que asumir en el comportamiento diario”, señaló Lloreda.
La idea es explicar a los uniformados de la Policía qué medidas se darán ahora “para cumplir mejor con su función y aspiramos a llevar un proyecto que cuente con instrumentos y con dientes para poder todos ellos cumplir esa labor”.
La reforma cuenta con 160 artículos que están aún en estudio.
SIN PRESENCIA DE CORTES, GOBIERNO LLEVARÁ A REGIONES REFORMA A JUSTICIA
El proceso de ‘descentralización’ del proyecto se iniciará este jueves en Ibagué.
El Gobierno Nacional iniciará este jueves un proceso de descentralización de la discusión de la reforma a la justicia que está en trámite en el Congreso de la República.
El ministerio de Justicia iniciará esta semana una serie de foros a nivel regional sobre el acto legislativo con miras a “socializar, armonizar y seguir discutiendo” con todos los sectores interesados, el texto del proyecto que entrará para la segunda vuelta en el legislativo en marzo próximo cuando se reinician las sesiones.
El primer Foro sobre se llevará a cabo este jueves 16 de febrero en Ibagué y se desarrollará en el auditorio del Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima.
Al evento que presidirá el ministro Juan Carlos Esguerra, asistirán los ponentes del proyecto en el Congreso, académicos, abogados, funcionarios de la rama judicial a nivel local, estudiantes y público interesado.
“Vienen por delante foros en Bogotá, Cali, y Cúcuta. En todos ellos seguiremos discutiendo, mejorando, perfeccionando el texto de este proyecto de Reforma constitucional a la Justicia, que es apenas una parte de la reforma integral a la justicia que adelanta el Gobierno”, dijo Esguerra.
Algunos temas:
¿En qué consiste la Reforma a la Justicia?
¿Qué viene para la Reforma a la Justicia?
¿Cuál ha sido el trámite que se ha llevado a cabo en el Proyecto de Acto Legislativo de Reforma a la Justicia?
“Creo que lo que ha salido de la primera vuelta en el Congreso es muy bueno. Es susceptible, por supuesto, de mejorarse, de armonizar con otras cosas, de complementarse, pero el balance es positivo. Vamos por buen camino y estos foros nos van a ayudar a este propósito”, señaló el ministro.
Sin embargo, la presencia de las Cortes no está confirmada en los foros que a las regiones llevará el Partido Conservador.
Los presidentes de las Cortes, principalmente del Consejo de Estado, desde hace finales de diciembre se apartaron de la discusión del proyecto, al considerar que no hay garantías para la justicia.
CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ EXEQUIBLE LA REFORMA TRIBUTARIA
El alto tribunal consideró que no se registraron vicios de trámite.
Al considerar que no se presentaron vicios de procedimiento, la Corte Constitucional declaró exequible la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional. Con esta decisión, se da vía libre para que la reforma empiece a aplicar desde 2011, además le dan herramientas al Gobierno para la recolección de impuestos con el fin de adelantar todas las acciones en lo que tiene que ver con los auxilios para el invierno que ha afectado a todo el territorio nacional.
Según la decisión del alto tribunal, los errores en la digitación, diagramación y publicación no eran motivo suficiente para declara inconsitucional la iniciativa gubernamental.
De los nueve magistrados que conforman la Corte, tres presentaron salvamentos de voto: María Victoria Calle, Jorge Palacio y Jorge Pretelt y el ponente Humberto Sierra Porto.
Esta norma estaba demandada entre otros aspectos porque fue enviada por la Presidencia el 29 de diciembre de 2010 a la Imprenta Nacional para que apareciera en el Diario Oficial antes de fin de año y así regir desde el primero de enero de 2011. Sin embargo, la Imprenta la publicó el 4 de enero de 2011.
La posición del Gobierno
En la mañana de este miércoles, el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry hizo un fuerte cuestionamiento a los empresarios que están detrás de la demanda que busca tumbar la primera reforma tributaria del Gobierno del Presidente Santos.
De una manera sospechosa alguien le pagó a alguien para que el texto de la reforma no fuera publicado a tiempo. El hueco que se le formaría en las cuentas al Gobierno es de 7 billones de pesos anuales. El texto de la reforma tendría que ser publicada en diciembre de 2010 y solo aparece hasta los primeros días de 2011.
En forma airada el jefe de la cartera de Hacienda dijo a los banqueros y empresarios reunidos en el foro de Anif Fedesarrollo que "hay que jugar limpio". Dijo que así "no podemos jugar el partido si nos estamos haciendo zancadillas los empresarios con el Gobierno, con los lobistas, todos contra todos en un mundo tan competido, es muy complicado".
Reiteró que "a mí me hierve la sangre pensar que llegamos a este gobierno hacemos el esfuerzo, pasamos la reforma, hemos pasado 10 reformas, pasamos las regalías, vamos a ver que patrañas se les ocurre con las regalías (.....) No se me cayó ninguna".
Les dijo a los empresarios que "no solo de codicia vive el hombre", indicó que si "esa reforma se llegara a caer tenemos que sentarnos los empresarios y el Gobierno a decir cómo vamos a jugar".
LLUEVEN LAS CRÍTICAS A COLPENSIONES
Las pensiones de 975 mil colombianos afiliados al Seguro Social (ISS) pasarán a manos de Colpensiones en abril de 2012, pese a que el sindicato del ISS dice que esto pondrá en riesgo a los futuros jubilados.
En un mes y medio, la rama de pensiones del Instituto de Seguros Sociales (ISS) —conocida como régimen de prima media— se convertirá en una nueva entidad llamada Colpensiones, que surge como empresa industrial y comercial del Estado y que se organiza como entidad financiera especial vinculada al Ministerio de Trabajo.
Pese a que el Gobierno asegura que con esta transformación se hará más eficiente el sistema de prima media, el sindicato de trabajadores del ISS manifestó su desacuerdo con la transición y ayer salió a protestar.
Alberto Pardo, representante sindical del ISS, dijo que se demandó la creación de la nueva entidad ante la Corte Constitucional, argumentando que con la transición “quedan en peligro las cotizaciones y futuras pensiones de quienes están cotizando. Es una jugada financiera de alto vuelo”.
Según el representante, el Gobierno no tenía la competencia para cambiar la naturaleza jurídica de Colpensiones a través del Decreto 4121 de 2011. Según la Ley 1151 de 2007, la entidad fue creada como “empresa industrial y comercial del Estado”. Señaló que “se cambió de manera abusiva el régimen de seguridad social. La tendencia es a la privatización”.
Rafael Pardo Rueda, ministro de Trabajo, aseguró que desde 2010 se ha venido haciendo la estructuración de Colpensiones “para que el régimen de prima media y los 975.000 pensionados que reciben las pensiones del ISS, los 6,4 millones de afiliados y 1’961.000 cotizantes activos tengan un servicio mejor”. Recalcó que la prima media no desaparecerá con la próxima reforma pensional y dijo que este paso está reforzado por la Superintendencia Financiera y la Procuraduría.
En cuanto a las quejas del sindicato del ISS y de las centrales obreras, Pardo dijo que se programó un plan de trabajo para aclarar “temas represados que no han sido resueltos”. En cuanto a la condición de Colpensiones, recalcó que todo está dentro de la legalidad. “Están en todo el derecho de ir a los tribunales. Además, no se atenta contra los derechos de los afiliados”.
El ministro dijo que en 2011 se afiliaron al ISS 142.000 personas, se trasladaron 118.000 y se retiraron 85.000. Agregó que en este lapso fallecieron 18.000 afiliados y se pensionaron 72.000.
Pedro Nel Ospina, presidente de Colpensiones, dijo que con la transición se mejorarán las bases de datos históricas del ISS y aseguró que el Gobierno no ha escatimado esfuerzos para dar ágil respuesta a las solicitudes de los afiliados.
CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ EXEQUIBLE LA REFORMA TRIBUTARIA
Al considerar que no se presentaron vicios de procedimiento, la Corte Constitucional declaró exequible la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional. Con esta decisión, se da vía libre para que la reforma empiece a aplicar desde 2011, además le dan herramientas al Gobierno para la recolección de impuestos con el fin de adelantar todas las acciones en lo que tiene que ver con los auxilios para el invierno que ha afectado a todo el territorio nacional.
Según la decisión del alto tribunal, los errores en la digitación, diagramación y publicación no eran motivo suficiente para declara inconsitucional la iniciativa gubernamental.
De los nueve magistrados que conforman la Corte, tres presentaron salvamentos de voto: María Victoria Calle, Jorge Palacio y Jorge Pretelt y el ponente Humberto Sierra Porto.
Esta norma estaba demandada entre otros aspectos porque fue enviada por la Presidencia el 29 de diciembre de 2010 a la Imprenta Nacional para que apareciera en el Diario Oficial antes de fin de año y así regir desde el primero de enero de 2011. Sin embargo, la Imprenta la publicó el 4 de enero de 2011.
La posición del Gobierno
En la mañana de este miércoles, el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry hizo un fuerte cuestionamiento a los empresarios que están detrás de la demanda que busca tumbar la primera reforma tributaria del Gobierno del Presidente Santos.
De una manera sospechosa alguien le pagó a alguien para que el texto de la reforma no fuera publicado a tiempo. El hueco que se le formaría en las cuentas al Gobierno es de 7 billones de pesos anuales. El texto de la reforma tendría que ser publicada en diciembre de 2010 y solo aparece hasta los primeros días de 2011.
En forma airada el jefe de la cartera de Hacienda dijo a los banqueros y empresarios reunidos en el foro de Anif Fedesarrollo que "hay que jugar limpio". Dijo que así "no podemos jugar el partido si nos estamos haciendo zancadillas los empresarios con el Gobierno, con los lobistas, todos contra todos en un mundo tan competido, es muy complicado".
Reiteró que "a mí me hierve la sangre pensar que llegamos a este gobierno hacemos el esfuerzo, pasamos la reforma, hemos pasado 10 reformas, pasamos las regalías, vamos a ver que patrañas se les ocurre con las regalías (.....) No se me cayó ninguna".
Les dijo a los empresarios que "no solo de codicia vive el hombre", indicó que si "esa reforma se llegara a caer tenemos que sentarnos los empresarios y el Gobierno a decir cómo vamos a jugar".
¿LO QUE OMITIERON LOS MAGISTRADOS?
Por presunto desacato y prevaricato por omisión fueron llamados los magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Jorge Castillo Rugeles, José Alfredo Escobar Araújo, Francisco Escobar Henríquez y Ricardo Monroy, en desarrollo de una investigación en la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes por desatender un fallo judicial para ampliar los servicios de la justicia en el Casanare.
El proceso data de 2007, cuando la abogada Patricia Riaño interpuso una acción popular contra los ministerios del Interior y de Hacienda, así como contra el Consejo Superior de la Judicatura, tras considerar que debían crearse nuevos juzgados civiles y penales en los municipios de Yopal, Monterrey, Aguazul y Villanueva. En su criterio, la ausencia de estos despachos vulneraba el derecho al acceso a la justicia y el derecho al trabajo de los casanareños.
La acción popular fue fallada en marzo de 2009 y el Juzgado Segundo Administrativo del circuito ordenó al Consejo de la Judicatura la creación de un nuevo juzgado civil para Yopal, al tiempo que le otorgó un término de seis meses para crear y poner en funcionamiento la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial en la capital del Casanare. La decisión fue apelada, pero el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el fallo y ratificó el plazo acordado.
Como no se dio cumplimiento a la decisión, la Comisión de Acusación de la Cámara, a través del representante investigador Héctor Vergara, ordenó escuchar en versión libre sus explicaciones. La decisión se produjo al mismo tiempo que los magistrados Castillo, Escobar Araújo y Escobar Henríquez también fueron vinculados a la investigación por el presunto carrusel de las pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura.
Como es de conocimiento público, ante informes de la Contraloría General sobre un presunto detrimento patrimonial cercano a los $13 mil millones, la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara decidió averiguar por qué razones se hicieron nombramientos de magistrados auxiliares que estaban a punto de alcanzar su pensión y que gracias a los contratos otorgados por el Consejo de la Judicatura lograron un notable incremento en sus jubilaciones.
La misma Comisión de Investigación se encuentra a la espera de que el controvertido empresario italiano Giorgio Sale rinda un testimonio que se tiene pendiente en desarrollo de otra investigación abierta contra el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo. Este proceso, abierto desde hace más de dos años, se encontraba sin avances y a punto de ser archivado, hasta que trascendió la detención de Sale por presunto lavado de activos.
Vergara, quien fue presidente de la Comisión el año pasado, ha sostenido en repetidas ocasiones que los casos que él asuma como investigador tendrán en evidentes resultados, ya que su único propósito en el Capitolio es reivindicar la función judicial del Congreso de la República.
EL NUEVO SIGLO
DENUNCIAN BOICOT EN REFORMA TRIBUTARIA
“Alguien le pagó a alguien para que el texto de la minireforma tributaria no fuera publicado a tiempo y así tambaleara” afirmó el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.
El fuerte cuestionamiento de Echeverry a los empresarios detrás de la demanda que busca tumbar la denominada ‘minireforma’ tributaria del gobierno santos dejaría un hueco en las cuentas del estado de $5 billones.
El texto de la reforma se debió publicar en diciembre de 2010 y aparece publicada hasta enero de 2011.
SIETE MAGISTRADOS A RENDIR VERSIÓN LIBRE
Los juristas tendrán que responder por hechos asociados a un supuesto prevaricato y desacato, además de por el escándalo del ‘Carrusel de Pensiones’.
Los magistrados citados para el próximo lunes 20 de febrero son Ricardo Monroy, Francisco Escobar y Jorge Antonio Castillo, además del polémico exmagistrado José Alfredo Escobar.
El motivo del llamamiento tiene que ver con un caso en el que supuestamente los juristas desacataron y prevaricaron por incumplir una acción pública elevada en octubre de 2007 por la abogada Patricia Amparo Riaño.
El representante a la Cámara Héctor Javier Vergara lleva el proceso.
EL RIGOR CONSTITUYENTE
La palabra Constituyente en Colombia suele suscitar una reacción política inmediata por lo que significó en 1991. Y por eso se utiliza con el fin de remover los espíritus y llamar la atención. Es por tanto un término que se aduce con facilidad para revolver el avispero. Antes fue así porque desde el Plebiscito de 1957 se prohibió cualquier formulismo al respecto. Con esa reforma a la Constitución de 1886, en la que se prohibió recurrir directamente al pueblo en cualquiera de las facetas jurídicas, sólo quedó el Congreso, durante casi 40 años, para hacer las reformas. El Congreso, ciertamente, las hizo, pero en múltiples ocasiones ellas fueron desestimadas por la Corte Suprema de Justicia, generando un bloqueo político fruto de la cooptación. Entonces no había Corte Constitucional, sino una Sala especializada en el máximo tribunal judicial.
Hoy las cosas son a otro precio. La Asamblea Constituyente, desarrollada claramente en cláusulas constitucionales, no es el monstruo de otros tiempos, ni tiene el sentido fundacional, ni la omnipresencia y omnipotencia de la de 1991, porque ella fue un instrumento totalmente nuevo que no se compadece en absoluto con el que ahora está autorizado en el último capítulo de la Carta Magna.
En efecto, hoy puede haber Asambleas Constituyentes bajo un reglamento claro y perentorio. En primer lugar, es al Congreso al que corresponde convocarla. En la ley de convocatoria, con mayorías calificadas, se debe incluir el temario, el período y su composición, de manera que hay normas rigurosas sobre la materia, a diferencia de la situación de 1991, donde ello se hizo a partir de decretos de Estado de Sitio. De este modo, corresponde a los parlamentarios determinar los acápites puntuales, en los que se desprende de la iniciativa parlamentaria y la traspasa al órgano externo, determinando el tiempo y el número de curules. No es, pues, ese organismo que algunos pudieran asimilar con la Revolución Francesa y que tuvo facultades omnímodas hasta la decapitación del rey Luis XVI, cuando se transformó en Convención. Tampoco, como se dijo, tiene características seminales, como la de 1991, cuando se derogó la Constitución de 1886 en su último artículo.
Como si fuera poco, además, hoy una Constituyente sólo puede prosperar, una vez tramitada la ley en el Congreso, si al menos así lo aprueba una tercera parte del censo electoral, en la actualidad alrededor de 10 millones de sufragantes por la positiva. La cifra es de por sí casi inalcanzable, como ha quedado demostrado en los fallidos referendos con rubros inferiores. Si ello ocurre, el Congreso queda en suspenso de sus facultades para sufragar actos legislativos, pero en modo alguno de sus competencias para hacer leyes de trámite ordinario, orgánico o estatutario, y mantiene sus competencias en cuanto al control político, de elección de funcionarios, administrativas, judiciales y protocolarias. La convocatoria a la Asamblea quedará sujeta, por su parte, al control de constitucionalidad.
De esta manera los fuegos artificiales que se han disparado en estos días en torno de la convocatoria de una Constituyente no son más que cantos de sirena. En primer lugar, porque el temario propuesto ya viene siendo tramitado por el Congreso. En segundo lugar, porque entre los mismos parlamentarios no existe una sola voz a favor del tema. En tercer lugar, porque el país está ocupado en asuntos mucho más apremiantes. En cuarto lugar, porque se propone ponerla en marcha en paralelo con la campaña parlamentaria y presidencial a venir, lo cual es inconstitucional, pues está expresamente prohibida la simultaneidad. Y en quinto lugar porque se pide prohibir a la eventual Constituyente la revocatoria del Congreso, cuando de antemano la Constitución lo tiene establecido al determinar la vigencia insoslayable del Congreso.
Desde luego, las Constituyentes no son trompo de poner y quitar, menos a gusto de evadir las realidades. No es tiempo de jugar con la institucionalidad. Lo es, por el contrario, de afianzarla, dejar tanto pálpito reformista y pasar a lo que es de más interés en un Gobierno, que es la ejecución de su programa.
EN MARZO ESTARÍA LISTA FÓRMULA PRESUPUESTAL DE LA JUSTICIA
Una nueva fórmula para financiar la Rama Judicial dentro de la reforma a la Justicia debe estar lista en marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso.
Así se lo precisó a EL NUEVO SIGLO el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, quien espera que en marzo la mesa conjunta de trabajo entre su cartera, el Ministerio de Justicia y la Alta Consejería para el Buen Gobierno tenga lista una “fórmula alternativa del presupuesto del sector Justicia, para que haya justicia para todos”.
El ministro Echeverry rechazó las apreciaciones de algunos congresistas que sugieren que en la reforma no hay claridad presupuestal para las Cortes y señaló que su cartera siempre está colaborando para que haya recursos para el sector Justicia, pero que esas decisiones no dependen solamente de él.
“Hay un grupo de trabajo donde estamos el Ministro de Hacienda, el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra y la Alta Consejería para el Buen Gobierno, y estamos trabajando muy duro porque son recursos importantes y queremos de parte del Gobierno que haya unos cambios importantes, positivos, para el sector Justicia, entonces esperamos tener eso listo en marzo”, expuso.
La falta de claridad presupuestal en la reforma a la Justicia es uno de los motivos por los que la Cortes se levantaron de la mesa de negociación desde el año pasado. La discusión se centra en que la Rama Judicial pide un presupuesto de 5 por ciento del Presupuesto General para la Nación, es decir más de ocho billones de pesos, mientras que actualmente el presupuesto establecido para la Rama es cercano a 2,4 billones de pesos.
La propuesta del Gobierno es garantizar 2,5 por ciento del Presupuesto e incrementarlo con el índice de inflación y durante los cinco años siguientes a la entrada en vigencia de la ley asignar un billón de pesos, es decir 200.000 millones de pesos adicionales cada año.
Para el representante Germán Navas, del Polo Democrático, la reforma debe ser discutida por quienes van a aplicar la ley, es decir representantes de la Rama Judicial deben discutir el presupuesto que realmente necesitan y hacer todas las peticiones que consideren convenientes para evitar estar a cada rato pidiendo adiciones y “reclamando lo que el Gobierno no les da”.
“Lo importante es que discutan ahora qué les van a dar a las Cortes, a la Justicia no se le da limosnas, a la Justicia hay que darle lo que la justicia necesite, si queremos que haya justicia. Ellos siempre han dicho que lo que les van a dar no les alcanza, entonces hay que ser justos con la Justicia; yo he visto que cuando el Ministerio de Defensa pide dinero para compra de armamento, no hay discusión ninguna y les dan lo que necesitan. ¿Por qué para la Justicia, que es fundamental, no le van a dar lo mismo o lo que necesite?”, le comentó Navas a este Diario.
Por su parte, el senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, y coordinador de ponentes, dijo que el proyecto “goza de perfecta salud” y que tendrá éxito cuando se logre el consenso de las tres Ramas del Poder Público.
Con respecto a la financiación, expresó que “el Estado hará todo el esfuerzo posible con la finalidad de distinguir a la administración de Justicia para que ese elemento fundamental tenga el mejor tratamiento y la sociedad los mejores resultados; uno de ellos combatir la congestión y otro acercar la justicia al usuario”.
Pese a que en un inicio las Cortes habían aceptado el anterior acuerdo, después señalaron que con el dinero asignado no alcanza ni siquiera para subsanar el “déficit histórico” que arrastra la Rama Judicial y estuvieron en desacuerdo con la precisión que hizo el presidente Juan Manuel Santos de que los problemas de congestión y eficacia no solo están relacionados con el Presupuesto.
La decisión de estar por fuera del estudio de la reforma lo ratificó en días pasados el Consejo de Estado, argumentando que sus comentarios no fueron tenidos en cuenta en los debates de primera vuelta en el Congreso. Su presidente Gustavo Gómez dijo que hay preocupación porque el rumbo que ha tomado la reforma borra los límites de la división entre las Ramas del Poder Público en Colombia.
REVISTA DINERO
CORTE CONSTITUCIONAL SALVA LA REFORMA TRIBUTARIA
La Corte Constitucional falló a favor de la reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso de la República en 2010.El alto tribunal falló a favor de la reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso de la República en 2010. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, había denunciado en la mañana de este miércoles que alguien pagó para entorpecer la aprobación del proyecto.
Para el alto tribunal, no se registraron vicios de trámite, con lo cual la “mini reforma tributaria”, como se conoce, aplica desde 2011.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, había advertido que de caerse la iniciativa se podían perder hasta $7 billones por concepto de recaudo tributario.
La Corte Constitucional indicó que los errores en la digitación, diagramación y publicación no constituían razones suficientes para declarar inconstitucional el proyecto.
Como se sabe, la reforma corría riesgo debido a que el texto tenía que ser publicado antes del 31 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial y fue publicado en los primeros días de enero de 2011.
En la mañana, Echeverry explicó que "una vez aprobada en el Congreso de la República, la reforma tributaria se envió el miércoles 29 de diciembre de 2010, después de esto debía ser impresa o por lo menos subir a la página Web".
"Resulta que de manera sospechosa alguno de nosotros, alguien que está en esta mesa, o en este salón, o el salón de la Andi, alguien le pago a alguien para que fuera y que un funcionario no pusiera a funcionar la imprenta y no la subiera a Internet", agregó Echeverry.
Al no ser publicada en 2010, la reforma no podía entrar en vigencia en 2011, motivo por lo cual la Corte Constitucional podía fallar en contra del proyecto y tumbarlo.
"Esto se hizo para que esta persona o un grupo de personas que no quieren pagar impuestos, no lo hagan", indicó el funcionario.
La reforma tributaria contribuyó a que el recaudo pasará de $70 billones a $86 billones en 2011, lo que representó un aumento de 25%.
Echeverry aseguró que el caso está en investigación de la Fiscalía y la Procuraduría
REVISTA SEMANA
MUJER PODRÁ HACER VISITA CONYUGAL A PESAR DE INGRESAR MARIHUANA PARA SU ESPOSO
En adelante Cecilia podrá hacer la visita conyugal a su esposo.
Por medio de una tutela la Corte Constitucional le restableció el derecho a una joven pareja de mantener “intimidad” en una cárcel de La Ceja Antioquia.
La vida para la pareja compuesta por Héctor Hernán Gallo, un hombre que paga una condena por extorsión y Cecilia Gil, una mujer avezada de 23 años, cambió radicalmente luego de que la Corte Constitucional le restituyera el derecho a tener lo que algunos llaman “intimidad” en la cárcel.
La alta corte en un fallo de tutela revocó no solo la orden de un juez penal del circuito de La Ceja (Antioquia) que le quitó el beneficio de la visita marital a la pareja de esposos, también restituyó el derecho que tiene todo colombiano a la “intimidad y la familia”, así estén presos.
La historia de la interrupción marital de esta pareja comenzó precisamente con una visita de Cecilia a la cárcel de La Ceja en donde Héctor purga una condena de cinco años por extorsión. El 11 de abril de 2010, Cecilia fue a visitar Héctor y quiso darle una sorpresa. Entre sus genitales llevaba 4,2 gramos de marihuana. Por miedo y antes de que los guardias la descubrieran, ella prefirió entregar la ‘carga’ voluntariamente.
En ese momento comenzó el calvario para esta pareja de enamorados que vio como Cecilia fue condenada a 32 meses de prisión y al pago de un salario mínimo. Como la pena es excarcelable esto resultó un tema menor para la joven. No así el hecho de que además se le prohibió el ingreso al penal desde el 17 de julio de ese mismo año. El argumento era obvio: en las cárceles del país está prohibido el ingreso de estupefacientes lo que está amparado en el artículo 112 de la ley 65 de 1993.
Pero el deseo a veces puede más que la razón. Cecilia, quien había admitido su error al intentar entrar drogas alucinógenas a la cárcel, buscó con su esposo, la restitución de su derecho de la visita conyugal. Por eso entabló una acción de tutela ante el juez penal del circuito de La Ceja para poder volver a ver a su esposo.
El juez falló en contra de la petición el 8 de octubre de 2010. En ella negó el amparo de la tutela al considerar que la conducta desplegada por Cecilia rompía con estos esquemas de la sociedad. “Si lo que pretendía era mantener una armonía con su cónyuge, no debió cometer esa conducta”, se lee en la sentencia del juez.
Pero para fortuna de la pareja de esposos la Corte Constitucional revisó a finales de 2011 la tutela y revocó el fallo del juez. Para al alto tribunal si bien Cecilia cometió una conducta fuera de la ley, “una restricción total de la visita conyugal es contraria a la Constitución” se sostiene en el fallo de la corte.
El argumento de la Corte Constitucional es que la restricción debe de estar sujeta a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, “pues la privación de la libertad ubica a los reclusos en una situación de indenfención”.
El fallo, cuyo ponente fue el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, va más allá al decir que “dada la imposibilidad de satisfacer sus necesidades personales por sus propios medios, impone deberes jurídicos positivos al Estado”.
Así las cosas la corte ordenó no solo tumbar el fallo del juez, también restablecer el derecho de la visita conyugal a la mujer para “permitir las visitas íntimas de la señora Cecilia Gil”.
TUTELA PONE EN SUSPENSO ELECCIÓN DEL PERSONERO DE BOGOTÁ
La acción judicial podría suspender la elección de uno de los cargos claves para la fiscalización de los recursos del erario de la ciudad y de que éstos sean correctamente empleados.
Una acción de tutela demorará más de lo esperado la elección del remplazo de Francisco Rojas Birry, actual personero de Bogotá, en medio de la polémica por la elección de quienes durante los próximos cuatro años dirigirán los dos organismos de control de la ciudad.
Tras la designación por parte del Concejo de Diego Ardila como el nuevo contralor del Distrito, tras una agitada sesión en la que se presentaron cuestionamientos -e, incluso, se pidió devolver la terna de candidatos por no ofrecer las máximas garantías-, ahora es el turno de la Personería.
Sin embargo, la elección ahora podría ser suspendida dado que tal y como está planteada -según la petición de amparo- vulneraría los derechos a la moralidad pública, defensa del patrimonio público y la transparencia, algo que a su vez quebrantaría el derecho fundamental a la vida.
Todo ello "está siendo puesta en peligro con el actual proceder del Concejo de Bogotá", sustentó el demandante, Emiliano Leguizamón Vargas. Adicionalmente, hay voces de protesta porque no se ha escuchado la intervención de la totalidad de los 112 aspirantes al cargo.
Entre los aspirantes que han sido reconocidos como los que más opción tienen de asumir el cargo están Carlos Camargo, Alberto Casas, Marco Tulio Gutiérrez y Ricardo Cañón.
Quien sea el nuevo jefe de esa entidad, que tiene un tamaño similar a la Contraloría, cuenta con un presupuesto de 800.000 millones de pesos y debe designar a quienes ocupan más de cien cargos de libre nombramiento, incluidos los personeros de cada localidad bogotana.
No obstante, la Personería también ha estado en el ojo del huracán. Rojas Birry, perteneciente al Polo, ha sido cuestionado por supuestamente haber recibido 200 millones de pesos de la captadora DMG y por haber pasado sin pena ni gloria en medio del escándalo del 'carrusel de la contratación'.
LA W RADIO
LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA EXEQUIBLE LA REFORMA TRIBUTARIA PAULA GRANADOS
El ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry se mostró indignado y muy molesto por la posibilidad de que se declare inexequible la reforma tributaria por parte de la Corte Constitucional.
Según Echeverry, hay algo sospechoso en el hecho de que por un vicio de forma se quiera tumbar la reforma, y más aún cuando los recursos que se quieren recaudar para atender la emergencia invernal salgan del bolsillo de los empresarios del país.
El titular de la cartera de Hacienda denunció que “alguien le pagó a alguien para que el texto del proyecto de reforma tributaria no fuera publicado a tiempo y que ahora se encuentre en la cuerda floja en la Corte Constitucional”.
Añadió, además, que los empresarios no pueden seguir demostrando tanto desinterés por el país cuando se quiere buscar una alternativa para ayudarle a los damnificados por medio de unos tributos que debería pagar el sector empresarial del país.
CMI
SE SALVA LA REFORMA TRIBUTARIA EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
La Corte Constitucional declaró exequible la reforma tributaria al no encontrar vicios de procedimiento en el trámite que hizo el Congreso de la ley en el 2010.
La demanda contra la reforma fue presentada por un particular, quien alegaba que era inconstitucional porque fue aprobada en diciembre de 2010 pero su publicación en el diario oficial sólo se hizo hasta el 2 de enero de 2011.
Durante ocho horas los magistrados discutieron el argumento del demandante, pero llegaron a la conclusión que un error de impresión, digitación o diagramación no puede viciar el trámite de una ley que fue discutida durante todos los debates reglamentarios.
La tesis adoptada por la mayoría de la Sala Plena acoge la ponencia del magistrado Humberto Sierra, quien afirmaba que el error alegado no constituía causal suficiente para declarar inexequible la reforma.
La decisión fue adoptada por seis votos a favor y tres en contra de los magistrados Maria Victoria Calle, Jorge Iván Palacio Palacio y Jorge Pretel, quienes se apartaron de la teoría expuesta por la mayoría.
La Corte determinó que la aplicación que se le dio a la reforma tributaria a partir de enero de 2010 es legal.
CARACOL RADIO
CORTE CONSTITUCIONAL SALVA LA REFORMA TRIBUTARIA
La Corte Constitucional determinó que se mantiene la llamada ‘minireforma tributaria’ que estaba demandada por vicios de procedimiento en la publicación del diario oficial.
Para la Corte, una ley no se puede caer por errores de impresión, digitación o diagramación, cuando la norma cumple con todas las discusiones del caso.
Salvaron voto los magistrados María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio y Jorge Pretelt, mientras que seis magistrados votaron a favor.